Hasta ahora, cuando han habido denuncias de acoso sexual en la UDALBA, se sigue un protocolo que fue creado en 2019, explica la abogada Alejandra Bustos, Secretaria General de esta Universidad. Pero la ley 21.369, que regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el ámbito de la Educación Superior, entrará en vigencia este 15 de septiembre y, a partir de entonces, todas las universidades e institutos deberán contar con una normativa que considere, además de la investigación y la sanciones respectivas –en caso de que correspondan–, la prevención, el acompañamiento legal y la difusión constante.
“Nosotros tenemos un protocolo de acoso sexual vigente, que fue creado en 2019 con participación de la comunidad universitaria. Dicho instrumento será derogado para su perfeccionamiento en relación a la nueva normativa. Sin perjuicio de que el actual protocolo cumple en gran parte con la normativa, hemos decidido perfeccionarlo aprovechando el mandato legal. La nueva ley pasa a distinguir entre la prevención y la sanción. Nosotros teníamos todo en un mismo instrumento. Además, la ley establece algunas exigencias en torno a cómo se comunican las acciones que la institución desarrolla para efecto de prevenir el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación de género. Y también establece que este procedimiento tiene que estar apegado al debido proceso y que, junto al procedimiento de sanción, debe haber acompañamiento legal. Nosotros considerábamos ya desde 2019 el acompañamiento psicológico, el cual será reforzado y complementado con la orientación legal. Todo eso está actualmente en proceso de reflexión y elaboración por una comisión en donde participan representantes de toda la comunidad universitaria: estudiantes; docentes; y administrativos. Estas propuestas de protocolos van a ser discutidas prontamente en una segunda fase que denominamos “fase de plenarias”, en donde invitaremos a toda la comunidad a que conozca, reflexione y opine. La idea es que los ajustes de los protocolos se realicen de manera participativa en relación a lo que la comunidad considere. Luego de eso, se van a presentar para aprobación.
–¿El hecho de que sea discutida por la comunidad universitaria es una decisión de la Universidad?
–Es una exigencia normativa y también una visión de la Universidad. Para la legislación de estos instrumentos, la ley exige que sean con aportes de la comunidad universitaria. Ahora bien, la ley no establece el mecanismo. Puede ser más abierto o menos abierto. Nosotros queremos hacerlo lo más abierto y transversal posible y, desde esa perspectiva, primero invitamos a todos los actores a participar: hay representantes tanto de los docentes como de los administrativos y de los estudiantes de todas las facultades participando en el proceso de elaboración de la propuesta. Además de eso, vamos a hacer esas plenarias donde van a participar todos los estamentos.
–¿Cómo se han resuelto hasta ahora los casos de denuncia en la Universidad?
–El actual protocolo tiene una característica que lo hace bien valioso al compararlo con esta nueva normativa: tiene resguardo del debido proceso. En definitiva se lleva adelante una investigación de una situación que podría ser constitutiva de acoso y esta investigación es llevada por docentes que no son parte de la carrera, es decir que son neutrales ante las partes que declaran. Las declaraciones que se toman son secretas, es decir que todo el proceso tiene cierto resguardo para no afectar a la víctima ni al posible victimario en relación al resultado y el proceso mismo; y tiene un plazo de desarrollo. Dentro de ese plazo, se entrega una respuesta al denunciante y esta puede derivar en eventuales sanciones internas de la universidad. Cuando se presentan estas denuncias se sugiere que se haga un acompañamiento sicológico que actualmente la universidad realiza para los denunciantes que lo desean –porque no todos los desean– mediante el CAPSI (Clínica de Atención Psicológica).
–¿Y cuál es la falencia del protocolo actual?
–La ley habla de un acompañamiento legal, y el acompañamiento legal nosotros no lo realizábamos, porque no era una exigencia, pero sí le aconsejábamos a quienes denunciaban que pudieran hacer las denuncias ante las autoridades competentes si lo estimaban necesario. En la propuesta de protocolo el acompañamiento legal va a estar radicado en la Clínica Jurídica de la Universidad que va a indicar cómo y ante quién realizar una denuncia y, eventualmente, de ser necesario, dentro de las posibilidades de la clínica, acompañar legalmente también al estudiante si quiere generar acciones particulares.
–¿Siente que la comunidad universitaria ha tenido ganas de participar en este proceso?
–Sí, todos sabemos cómo ha sido volver a lo presencial en el contexto del trabajo; no ha sido fácil para los funcionarios. Tratar un tema aledaño a las funciones que cada uno tiene en el diario que le corresponde en la razón de su cargo, no es fácil. Sin perjuicio de eso, la comisión ya se ha reunido y ha entregado análisis y productos bien valiosos. También valoro mucho la participación de los estudiantes que están en las comisiones. Para ellos tampoco ha sido fácil volver al modo presencial, han tenido una representación bastante importante en la comisión y da mucha alegría ver el compromiso que tienen con la Institución y con este tema en particular. Quieren tratarlo, ven que es una necesidad hablar de esto en el contexto universitario y, por lo tanto, las propuestas que nacen de ellos son bastantes valiosas porque, además, entregan el contexto en el que ellos se desenvuelven entre pares. O el cómo ellos ven que podría solucionarse un tema de estos al interior de la institución a mí me parece bastante valioso. Y que se puedan vincular con funcionarios de la universidad, lo que genera el trabajo conjunto respecto de este tema y de cualquier otro es bastante importante para nosotros, considerando los valores que la institución proclama.
La Secretaria General de la UDALBA dice que la idea es crear una Unidad de Género, un proyecto que podría tomar más forma a fines de este año o principios del otro. Pero, aclara, mientras tanto están trabajando para capacitarse en DD.HH y equidad de género: “Y el compromiso de la institución es que, al día de implementar la política y los protocolos, nosotros tengamos personal capacitado en cada una de las sedes”.
– Y hoy en día, ¿cuáles son las sanciones en los diferentes tipos de acoso?
–Pueden variar. Esto depende mucho de qué tipo de conducta sea. Se pueden tomar medidas anteriores a la determinación del caso: por ejemplo, separar a las personas del lugar físico en donde están prestando servicio, o donde están estudiando para efectos que se resguarde la seguridad tanto de la víctima como de aquel que es denunciado y, dentro de las sanciones, se puede contemplar, por ejemplo, la suspensión, la expulsión académica, el cambio de jornada, un llamado de atención en la hoja de vida del estudiante. Sanciones que, en definitiva, la institución, por su naturaleza, puede tomar. Recordemos que las sanciones por un acto de acoso son y corresponden por competencia a las autoridades judiciales; a nosotros nos corresponde hacer sanciones en el ámbito de nuestras competencias.
–¿Esas sanciones cambiarán cuando exista esta unidad?
–Es algo que está en la propuesta. Se están presentando posibilidades de sanciones dentro de la propuesta y es algo que hay que conversar en estas plenarias con la comunidad universitaria. Es decir qué sanciones cree la comunidad universitaria debiesen darse en este tipo de situaciones. Evidentemente no podemos (establecer) condenas con presidio menor en su grado mínimo, porque no nos compete. Las sanciones atribuidas a la gravedad de la situación es algo que es parte de la conversación con la comunidad universitaria. Van a haber propuestas de sanciones que van a ir en la línea de lo que ya mencionaba. Es decir, en la línea del actual reglamento, bien podría incorporarse algunas, bien podrían eliminarse otras que están y van a ser parte de los objetos de las plenarias.
Además, explica Alejandra Bustos, la ley también exige campañas comunicacionales para la prevención. “Hay que generar programas de concientización en torno a las políticas de equidad de género y en torno al acoso sexual, violencia y discriminación de género. Eso también va a tener un seguimiento, va a ser periódico y constante en el tiempo. Esa es otra arista desde la prevención: las campañas comunicacionales en torno a la concientización de estos temas al interior de la universidad para que se converse sobre equidad de género, violencia y discriminación de género. Y, bueno, lo demás es lo que está construyendo dentro de esta comisión que se encarga de la presentación de esta propuesta de protocolo y que, nuevamente, tiene que ser discutido con la comunidad universitaria para saber cuáles son las vías mediante las cuales podríamos hacer prevención”.
Y agrega: “Vamos a sacar también un decálogo de buenas conductas en torno a la equidad de género para efecto de que digamos ‘este es nuestro compromiso de comportamiento para todos los quienes estamos al interior de la comunidad universitaria para erradicar el acoso, erradicar la violencia de género y erradicar la discriminación de género’”.
–¿Y ese decálogo va a estar en RR.SS?
–Tenemos que tener divulgación. Es parte de los programas de construcción comunicacionales que se van a ir haciendo.
–Entonces van a ir muy de la mano con el equipo de comunicaciones de la universidad.
–Sí, evidentemente. La ley exige que definitivamente esto no quede guardado en el estante de los documentos, sino que sea una constante dentro de las casas de estudios hablar acerca de estos temas y, además, observar situaciones que puedan ser riesgosas para la comunidad universitaria, para su erradicación y, junto al impulso normativo, está el interés Institucional de querer hablar de estos temas y comunicarlos con la debida fuerza.
–Eso es interesante, que la ley exija que la difusión sea importante.
–Sí, así lo señala. Si no, perdería un poco de fuerza. Podría ser iniciativa de hoy y ya el próximo estar o no dentro de los planes. Pero esto implica que, por ejemplo, también, dentro de los programas de las carreras se tenga algún curso que tenga que ver con equidad de género, con discriminación de género, con acoso sexual. Es un tema que la ley alza como muy relevante al interior de las instituciones de educación superior y, por lo tanto, los esfuerzos tienen que ser constantes en el tiempo y deben, por cierto, ir observando los resultados que se están teniendo, para ir mejorando.
–También el compromiso con los alumnos es súper importante para ir retroalimentando la información.
–Sí, por supuesto. Creo que este es un tema que a los estudiantes les interesa mucho, porque, además, no es un tema únicamente de los contextos universitarios. Es propio de la sociedad. Si uno lee noticias, ve en la calle acoso callejero, etc… Y es importante que, dentro de los contextos de educación universitaria, el estudiante, los funcionarios, los docentes se sientan seguros. Y esto es parte de sentirse seguro y sentirse respetado también. De saber que, dentro del contexto universitario, se reconoce indiscutiblemente la dignidad humana de una persona y, por lo tanto, aquí es un lugar seguro donde se puede hablar de estos temas y, además, se pueden hacer gestiones para mejorar y observar conductas que queremos erradicar y que consideramos como acoso sexual. Quizá es más fácil hacerlo acá que erradicar una conducta de acoso callejero, por ejemplo. Por lo tanto, nos corresponde avanzar hacia aquello.